El blanqueo laboral impulsado por la gestión de Javier Milei, el cual tiene por objetivo formalizar a los trabajadores no registrado, estaría dejando excluidas a más de un millón de empleadas domésticas.
Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), criticó duramente la decisión del Gobierno. “El decreto incorpora una exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”, señaló.
En Argentina, se estima que cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, pero solo 500.000 están formalmente registradas.
Este grupo representa más del 70% de los trabajadores en negro, de los cuales el 97% son mujeres. A pesar de las expectativas generadas por la Ley 26.844 de 2013, que regula el empleo doméstico y busca proteger los derechos laborales de este sector, la falta de inclusión en el blanqueo actual deja a millones sin la posibilidad de formalización.